Leyes contra la tortura

En la RPDC están prohibidas estrictamente las torturas que atormentan al hombre y los tratos y castigos inhumanos y deshonestos, independientemente de que sean físicos y espirituales.

La tortura es un acto que impone al hombre la confesión o declaración por el método de causarle sufrimiento físico y espiritual, lo cual constituye la más bárbara violación del derecho del hombre a su personalidad.  Lo clasifican como crimen también el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 7 del ConvenioInternacional sobre los Derechos Cívicos y Políticos, el Convenio contra la Tortura y otros convenios internacionales de los derechos humanos.

El Código Penal de la RPDC califica como delitos la interrogación acompañada de tortura u otro método inhumano, la exageración o falsificación del caso y la decisión y sentencia injustas. A quien ha causado al hombre un grave daño o herida o la muerte mediante la tortura y otros métodos ilegales y así le ha imputado la responsabilidad penal, se le aplica un grave castigo.

En el caso de haber perjudicado la salud o la vida del hombre y dado sufrimientos espirituales mediante la tortura se carga de la responsabilidad de la indemnización según la ley correspondiente. No se puede hacer reconocer los crímenes ni inducir la exposición a través de la tortura y otros métodos inhumanos.

Las instituciones de formación de funcionarios ejecutivos de las leyes instruyen a sus alumnos para que conozcan correctamente la ilegalidad y el carácter perjudicial de la tortura y otros métodos inhumanos y deshonestos, y observen estrictamente el principio de apoyarse solo en las pruebas.

También las instituciones de ejecución de las leyes toman medidas rigurosas de control, educación y castigo para que no aparezcan en su seno la tortura y otros métodos inhumanos. Para lograr este objetivo se procura elevar el papel de los órganos fiscales.

A través de una supervisión regular sobre las instituciones de investigación, sumario y reeducación se esfuerza para asegurar plenamente el derecho a no ser torturado y, cuando se verifica el caso de la tortura y el trato o castigo inhumanos conlleva una fuerte responsabilidad jurídica.