Derecho a un juicio justo

En la RPDC todas las personas tienen igualdad jurídica y el derecho a ser protegidas por la ley sin discriminación alguna. En el caso de determinar cualquier sospecha de delito, tienen el derecho a ser juzgado imparcialmente en un tribunal autorizado e independiente, organizado por ella.

Para garantizar el derecho al juicio imparcial, el Estado establece suficiente número de tribunales autorizados e independientes y les concede las facultades de tratar de modo imparcial todos los problemas penales y civiles.

En la RPDC existen el Tribunal Supremo, los tribunales de provincia (o de ciudad subordinada directamente al centro), los tribunales populares de ciudad (municipio) y de distrito, los tribunales especiales (tribunal militar y tribunal del sector ferroviario, etc.), que cumplen independientemente el juicio en estricto adhesión a la ley. El juicio (de primera instancia) lo hace el tribunal compuesto por su presidente, juez electo en la asamblea popular correspondiente, y dos jueces legos.

Hasta que se confirme la culpabilidad según la ley, todo sospechoso se estima como inocente, se informa de inmediato de todo lo sospechado, disfruta de suficiente tiempo para su defensa y no se somete a la injusta investigación prolongada. Asimismo, tiene el derecho a recibir gratis la ayuda de las leyes o de intérprete, demandar la comparecencia de testigo o su interrogatorio. No se ve impuesto a hacer declaración desfavorable a sí mismo o confesión de culpabilidad, y tiene el derecho a presentar (dentro de 10 días después de la sentencia) la apelación a instancias superiores y a ser recompensado en el caso de la injusticia.

En ningún caso recibe el castigo retroactivo penal ni un castigo más severo que la pena aplicable en el momento del cometimiento del delito. De principio, el juicio se efectúa a puerta abierta. Aun en el caso de hacerlo a puerta cerrada la sentencia se pone en publicidad.

El aseguramiento de la independencia del juicio es una labor importante para un veredicto justo e imparcial. Por esta razón, el Estado exige fuertemente que ningún órgano incurra en actos que violen la independencia del tribunal instalado para el tratamiento de pleito, y anula la validez legal de la sentencia o el veredicto carentes de independencia e imparcialidad.

Y hace elevar el papel de procuradores y abogados para asegurar el derecho al juicio imparcial.

El procurador vigila regularmente y toma medidas para que el caso se examine y se resuelva justa y correctamente según la ley en el juicio.

El abogado trabaja para garantizar en lo suficiente el derecho del acusado en virtud de la ley de procedimiento y para aclarar, analizar y evaluar correctamente la verdad del caso. Corrige mediante la apelación en el caso de considerar que se ven perjudicados los intereses del acusado por la sentencia errónea, como la de declarar culpable al inocente o imponer la pena sobrecargada. En particular, en cuanto a los actos de violación de derechos humanos y el abuso de la autoridad que cometan los funcionarios jurídicos en el procesamiento, los plantea al tribunal para tomar las medidas pertinentes.